Qué hace la Unión Europea?


El catálogo de funciones encomendadas a la UE se parece mucho al ordenamiento constitucional de un Estado. No se trata, como sucede normalmente en las organizaciones internacionales, de actividades técnicas delimitadas, sino de ámbitos de actuación que en su conjunto determinan la existencia de los Estados.

El catálogo de funciones encomendadas a la UE es de lo más variopinto: engloba atribuciones en los ámbitos económico, social y político.

El eje central de las funciones económicas está formado por la creación de un mercado común que unifique los «mercados nacionales» de los Estados miembros y en el que se puedan ofrecer y vender todas las mercancías y servicios en las mismas condiciones que en un mercado interior y al que todos los ciudadanos de la Unión tengan libre acceso en igualdad de condiciones.

La idea de la creación de un mercado común se puso en práctica, en lo esencial, antes de finales de 1992 con el Programa de realización del mercado interior iniciado por el entonces Presidente de la Comisión Europea, Jacques Delors, y aprobado por los Jefes de Estado o de Gobierno. Las instituciones de la Unión lograron establecer el marco jurídico del funcionamiento de un mercado interior. Entre tanto, dicho marco ha sido completado en su mayor parte por las medidas nacionales de transposición, de forma que el mercado interior ya es una realidad. Este mercado se abre ante nosotros incluso en la vida cotidiana, en particular durante los viajes en la UE, que ya no se ven interrumpidos por los controles de personas en las fronteras nacionales.
El mercado interior se ve completado por la Unión Económica y Monetaria.
No obstante, el cometido de la UE en la política económica no consiste en definir y desarrollar una política económica europea, sino en coordinar las políticas económicas nacionales de forma suficiente para que las decisiones en materia de política económica de uno o varios Estados miembros no tengan repercusiones negativas en el funcionamiento del mercado interior. Para tal fin se acordó un Pacto de Estabilidad y Crecimiento que establece los distintos criterios que los Estados miembros deben respetar en el marco de sus decisiones en el ámbito de la política presupuestaria. Si no se cumplen los objetivos fijados en el pacto, la Comisión Europea está facultada para emitir advertencias y, en caso de déficit presupuestario excesivo persistente, el Consejo de la Unión Europea podrá incluso imponer sanciones.

El cometido de la UE en el ámbito de la política monetaria fue la introducción de una moneda única en la UE y actualmente radica en dirigir los asuntos monetarios de forma centralizada. A este respecto, cabe citar un primer logro: el 1 de enero de 1999 se introdujo el euro como moneda única europea en los Estados miembros que ya habían cumplido los criterios de convergencia establecidos en la materia. Se trataba de Bélgica, Alemania, Irlanda, España, Francia, Italia, Luxemburgo, los Países Bajos, Austria, Portugal y Finlandia. El 1 de enero de 2002 se sustituyeron en estos países las monedas nacionales por los billetes y las monedas de euro. Desde entonces los pagos de la vida cotidiana y las operaciones monetarias se efectúan exclusivamente en una moneda, que es el euro. En un primer momento, Grecia y Suecia no habían podido cumplir los criterios de convergencia. Grecia se adhirió a la zona del euro con efectos de 1 de enero de 2001. Para Suecia, que en lo esencial no podía cumplir los criterios de convergencia debido a su no participación en el mecanismo de tipo de cambio del Sistema Monetario Europeo, considerado como «sala de espera» al euro, se aplica una excepción en tanto que la Comisión y el Banco Central Europeo deben presentar al menos cada dos años informes de convergencia sobre Suecia en los que pueden recomendar al Consejo la adhesión de Suecia a la zona del euro. Si se emite una recomendación de este tipo y el Consejo la adopta, en principio Suecia no tiene ninguna posibilidad de eludir la adhesión a la zona del euro. Sin embargo, dicha adhesión no cuenta actualmente con el
apoyo del pueblo sueco. En un referéndum sobre el euro celebrado en 2003, el 55,9 % de la población rechazó la introducción de la moneda única. Según un sondeo realizado en diciembre de 2005, los votos en contra constituían el 49 %, mientras que un 36 % se declaraba a favor de la introducción del euro. En el caso de Dinamarca y del Reino Unido, la situación es distinta. Estos Estados iembros obtuvieron cláusulas de exención («opting out») que les permiten ecidir ellos mismos si desean iniciar el procedimiento de examen para una articipación en la moneda única y en qué momento. También los nuevos estados miembros tienen la obligación de introducir el euro en cuanto cumplan los criterios de convergencia. Ninguno de los nuevos Estados miembros dispone de una cláusula de exención y la mayoría de ellos desea introducir el euro cuanto antes. Lo han logrado ya Eslovenia (1 de enero de 2007), Chipre (1 de enero de 2008), Malta (1 de enero de 2008) y Eslovaquia (1 de enero de 2009). Por lo tanto, la denominada «zona del euro», en la que el euro es la moneda de curso legal, engloba actualmente a dieciséis Estados miembros.

Además de en el campo de la política económica y monetaria, se han encomendado a la UE funciones en toda una serie de ámbitos políticos económicos.
Cabe citar al respecto, en particular, la política agrícola y la pesquera, la política de transportes, la política del consumidor, la política estructural y de cohesión, la política de investigación y desarrollo, la política del espacio, la política medioambiental, la política de salud, la política comercial o la política energética.

En el ámbito de la política social, la UE debe velar por que las ventajas de la integración económica no beneficien solamente a la población activa, sino que potencien también la dimensión social del mercado interior. Un primer punto de partida es, por ejemplo, la introducción de un sistema de seguridad social para los trabajadores migrantes. Este sistema garantiza que ningún trabajador que, a lo largo de su vida laboral, haya trabajado en más de un Estado miembro y, por tanto, haya contribuido a diversos sistemas de seguridad social, sufra a raíz de ello ningún tipo de perjuicio en relación con su protección social (pensión de vejez, pensión de invalidez, servicios sanitarios, prestaciones familiares, prestaciones para desempleados). Otro punto importante en el ámbito de las medidas prioritarias de política social es, en vista del preocupante nivel de desempleo existente en la UE, que perdura desde hace ya varios años, el desarrollo de una estrategia europea de empleo. Se pide a los Estados miembros y a la UE que adopten una estrategia en la materia y, en particular, que promuevan la cualificación, la formación y la flexibilidad de los trabajadores; asimismo, los mercados de trabajo deben adaptarse a las exigencias de los cambios económicos. El fomento del empleo se entiende como asunto de interés común, lo que exige una coordinación en el seno del Consejo por parte de los Estados miembros de sus actividades nacionales. La UE debe favorecer un alto nivel de empleo fomentando la cooperación entre los Estados miembros y apoyando las medidas de estos y, en su caso, complementándolas, dentro del respeto de las competencias de los Estados miembros.

En el ámbito político propiamente dicho se han atribuido funciones a la UE en relación con la ciudadanía de la Unión, la política de cooperación judicial en materia penal y la política exterior y de seguridad común. Con la creación de la ciudadanía de la Unión se han seguido consolidando los derechos e intereses de los nacionales de los Estados miembros dentro de la UE. Estos gozan de libertad de circulación dentro de ella (artículo 21 del TFUE), del derecho de voto activo y pasivo en las elecciones municipales (artículo 22 del TFUE), de la protección diplomática y consular en terceros países por parte de todos los Estados miembros (artículo 23 del TFUE), del derecho de petición al Parlamento Europeo (artículo 24 del TFUE), así como, en conjunción con la prohibición general de la discriminación, del derecho a ser tratado en cualquier Estado miembro como a los nacionales de dicho Estado artículo 20, apartado 2, leído en relación con el artículo 18 del TFUE).

En el marco de la política exterior y de seguridad común se han encomendado a la UE sobre todo las siguientes funciones: mantener los valores comunes, los intereses fundamentales y la independencia de la UE; fortalecer la seguridad de la UE y de sus Estados miembros; preservar la paz mundial y potenciar la seguridad internacional; fomentar la cooperación internacional; promover la democracia y el Estado de Derecho, así como el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales. desarrollar una defensa común.

Puesto que la UE no es una estructura estatal, estas funciones solo podrán llevarse a cabo de forma progresiva. Tradicionalmente, la política exterior y, sobre todo, la de seguridad, forman parte de los ámbitos en los que los Estados miembros velan especialmente por conservar su soberanía. También resulta difícil definir intereses comunes en este terreno porque dentro de la UE únicamente Francia y el Reino Unido disponen de armas nucleares. Otro problema a este respecto es que no todos los Estados miembros de la UE son miembros de las organizaciones defensivas OTAN y UEO. Por ello, las decisiones en materia de «política exterior y de seguridad común» siguen adoptándose mayoritariamente en el marco de la cooperación interestatal. No obstante, se ha ido desarrollando un instrumental de actuación que ha dotado a la cooperación interestatal de un perfil jurídico concreto.

En el ámbito de la cooperación judicial en materia penal se trata sobre todo de que la UE lleve a cabo medidas de interés común europeo. Cabe citar al respecto, en particular, la lucha contra la delincuencia organizada y la trata de seres humanos, así como el ámbito de la actuación policial. Hoy en día ya no es posible combatir la delincuencia organizada únicamente desde la esfera nacional, sino que es imprescindible actuar conjuntamente a escala de la UE. Las primeras medidas, muy prometedoras, se adoptaron con la Directiva relativa a la lucha contra el blanqueo de dinero y la creación de la Oficina Europea de Policía «Europol» (artículo 88 del TFUE), que funciona desde 1998. En dicho ámbito se trata, además, de simplificar y agilizar la cooperación en los procedimientos judiciales y la ejecución de sentencias, de facilitar la extradición entre los Estados miembros, de establecer disposiciones mínimas sobre los elementos constitutivos de las infracciones penales y las penas en los terrenos de la delincuencia organizada, el terrorismo, la trata de seres humanos y la explotación sexual de mujeres y niños, el tráfico ilícito de drogas y de armas, el blanqueo de capitales y la corrupción (artículo 83 del TFUE).

La creación de Eurojust en abril de 2003 constituye uno de los avances más significativos de la cooperación judicial en la UE (artículo 85 del TFUE). Eurojust, con sede en La Haya, está compuesta por jueces y fiscales de todos los países de la Unión Europea. El cometido de Eurojust es promover la colaboración entre la investigación y la persecución penal en los casos de delitos graves transfronterizos. Para combatir las infracciones que perjudiquen a los intereses financieros de la UE, el Consejo podrá crear una Fiscalía Europea a partir de Eurojust (artículo 86 del TFUE). En este terreno, otro logro es la orden de detención europea, que está en vigor desde enero de 2004, y que puede dictarse cuando se trate de un delito penado con un año de prisión como mínimo. Está previsto que la orden de detención europea sustituya a los lentos procedimientos de extradición.

Fuente: “El ABC del Derecho de la Unión Europe”, Klaus-Dieter Borchardt, Oficina de Publicaciones. ISBN: 978-92-78-40526-7, doi: 10.2830/13968.

http://bookshop.europa.eu/es/el-abc-del-derecho-de-la-uni-n-europea-pbOA8107147/?CatalogCategoryID=6R8KABstitkAAAEjvJEY4e5L

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